Un juez federal dictaminó que la tarifa de 100,000 dólares impuesta por la administración del presidente Donald Trump a las nuevas solicitudes de visas H-1B es ilegal.
El fallo emitido por el juez de distrito Leo Sorokin, con sede en Boston, determina que dicho cargo constituye un impuesto no autorizado por el Congreso, excediendo de forma directa la autoridad ejecutiva de la presidencia.
La decisión judicial invalida la polémica medida económica de manera inmediata y con un alcance de carácter nacional.
El argumento legal: un impuesto disfrazado de tarifa
La resolución se dio en respuesta a una demanda colectiva interpuesta por una coalición de 20 fiscales generales estatales de afiliación demócrata.
En una sentencia de 42 páginas, el juez Sorokin —quien fue designado en su momento por el expresidente Barack Obama— argumentó que, más allá de la nomenclatura técnica utilizada por la Casa Blanca, la naturaleza y aplicación práctica del cobro demostraban que operaba como un gravamen fiscal.
"Aquí, la sustancia y aplicación del pago de $100,000 dólares revelan que se trata de un impuesto, independientemente de cómo se llame", escribió Sorokin en el fallo.
El juzgador añadió que el Poder Ejecutivo carece por completo de facultades legales para imponer una carga financiera de tal magnitud sobre las peticiones de visados H-1B sin contar con la aprobación expresa del Poder Legislativo.
El efecto disuasorio en el mercado laboral y las universidades
La tarifa, anunciada originalmente en septiembre pasado, fue diseñada por el gobierno federal como una estrategia arancelaria para desincentivar la contratación de profesionales extranjeros y priorizar la colocación de la mano de obra local.
Sin embargo, el costo astronómico paralizó el flujo regular del programa debido a su impacto prohibitivo.
Los estados demandantes demostraron ante la corte que la imposición perjudicaba severamente a sectores estratégicos que dependen de la atracción de talento global altamente calificado, afectando los presupuestos de instituciones de educación pública, centros de salud y corporaciones tecnológicas.
Antes de esta modificación regulatoria, la estructura de costos estándar que pagaban los empleadores oscilaba habitualmente entre los $2,000 y $5,000 por cada visa H-1B, dependiendo estrictamente del tamaño de la empresa y la complejidad del trámite.
¿Qué sucederá ahora con el trámite de las visas?
La administración de Trump reaccionó al fallo calificándolo como un acto de "activismo judicial" y manifestó su intención de apelar la resolución ante los tribunales de circuito superiores de forma inmediata.
A pesar de la batalla legal en puerta, el dictamen ofrece un respiro operativo inmediato para las universidades y las empresas del sector tecnológico que habían congelado sus procesos de reclutamiento internacional por razones presupuestarias.
Mientras el caso se dirime en las instancias de apelación, los empleadores quedan habilitados para retomar el trámite de sus expedientes bajo la estructura de tarifas estándar previas, eliminando de forma temporal la barrera económica que había neutralizado una de las principales vías de inmigración legal y profesional en el país.
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